Desde hace ya varias décadas, una actividad de semicultivo de túnidos ha facilitado la continuidad en el suministro de especies muy apreciadas para el consumo, como el atún rojo (Thunnus thynnus). Se trata de la captura de alevines y juveniles de esta especie – antaño abundante en aguas atlánticas y mediterráneas, y hoy en delicada situación y ya extinta de los mares Negro y Caspio-, para introducirlos en jaulas de engorde donde se llevan a talla comercial, con vistas a su exportación a mercados altamente lucrativos radicados principalmente en el lejano Oriente. Un negocio millonario centrado sobre una especie muy sensible, que ha sufrido una reducción de hasta un 60-80% de su stock, sometida a un estricto programa de regulación de capturas bajo control de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA).
En teoría, estos ejemplares son objeto de un programa de certificación que garantiza su trazabilidad total desde la captura hasta el consumidor final, como parte de un plan de protección que incluye evaluaciones de stock, cuotas de pesca rigurosas y un intenso trabajo de investigación científica para una caracterización precisa del estado de la especie. En la práctica, el descontrol administrativo en el seguimiento de estos programas ha favorecido la creación de un inmenso y jugoso mercado negro, auspiciado por la popularidad incipiente del sushi y el sashimi, resultando en la captura masiva y descontrolada de juveniles en la década de los noventa y 2010, alcanzando un volumen de negocio superior a los 400 millones de euros anuales según cálculos conservadores de una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En España, la operación Tarantelo de la Guardia Civil desbarató en Junio pasado las actividades ilegales de una organización criminal que se dedicaba a introducir atún rojo de procedencia ilícita en el mercado. Se trata de una de las mayores operaciones mundiales contra el fraude pesquero, afectando a empresas de distribución de pescado de 12 provincias y a personas y sociedades de varios países (Francia, Malta, Marruecos, Portugal, Túnez, Turquía). Todo ello con la colaboración estelar de pescadores que capturaban atún no declarado en alta mar y que descargaban en puertos de Tarragona y Barcelona, y de autoridades gubernamentales que facilitaban la exportación de unas 2.500 toneladas anuales de atún rojo ilegal principalmente desde Malta, para comercializarlo a través de España a destinos nacionales (Mercasevilla, Mercabarna, Marcamadrid) e internacionales. Entre personas y empresas, las diligencias admitidas por la Audiencia Nacional investigan a 67 actores de esa red, imputándoseles delitos contra la fauna, contra la salud pública, por falsedad documental, blanqueo de capitales, y otros delitos cometidos en el seno de una organización criminal.
¿Cuántas veces hemos sufrido películas como ésta en nuestras industrias pesqueras? Sufragamos con nuestros impuestos campañas melifluas que nos bombardean con mensajes buenistas y tranquilizadores, todo está bajo control y bien regulado, se trata de una actividad responsable y con futuro, cuidamos de unos recursos frágiles y los preservamos para futuras generaciones…para una vez más despertarnos con el terror de la pesca pirata, la mentira y la bodega en negro, la dinamita y la trampa, las descargas mafiosas, el fraude alimentario, la extinción de especies y las cuentas bancarias suizas a reventar.
Una gestión mínimamente proactiva hubiera exigido hace años el cultivo de un porcentaje mínimo de alevines domésticos, favoreciendo la inversión de estas empresas millonarias en I+D para cerrar el cultivo de esta especie, donde ya se han obtenido resultados esperanzadores. Pero aunque la víctima principal sea sin duda la reputación de los pescadores responsables, que los hay, llegados a este punto ya nos resulta imposible confiar en la buena gestión de un recurso sometido a tales niveles de codicia, opacidad y corrupción. Porque una vez transcurridos milenios y cómodamente instalados en el antropoceno, la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería han quedado bien patentes. Mientras la supuesta sostenibilidad en la explotación de los recursos pesqueros, salvajes y preciosos, nos suena cada vez más a cuentito de hadas. De hadas corruptas, criminales y podridas hasta las trancas.