El programa Mar 2020, vigente y cofinanciado con fondos europeos, oferta subvenciones para inversiones productivas en la acuicultura de Portugal continental, que pueden alcanzar niveles muy generosos de financiación. Con una provisión de fondos de 27 millones de euros (M€) en la convocatoria actual y un límite máximo de 6,5 M€ por proyecto, se trata sin duda de una herramienta poderosa para la dinamización del sector, de interés particular para la modernización de instalaciones, la innovación, el aumento de la eficiencia y la competitividad de las empresas acuícolas portuguesas. Una gran oportunidad de aprovechar un mercado sano y en expansión, tanto a nivel nacional como europeo, fuertemente deficitario en producto local de calidad, necesario para satisfacer la creciente demanda procedente, entre otros, del pujante sector turístico.
Debe sin embargo contextualizarse esta iniciativa, que ha sido precedida de otras similares desde el ingreso de Portugal como miembro de pleno derecho de la Unión Europea, hace ahora 30 años. Desde el delta del Miño hasta la ría de Alvor, desde Caminha hasta Sagres, la costa portuguesa se encuentra jalonada de cadáveres acuícolas, de multitud de fincas y naves en estado ruinoso; de equipamiento, artefactos e instalaciones abandonadas, inversiones fallidas que han supuesto un grave dispendio para los contribuyentes europeos. Además Portugal no es ninguna excepción en el fracaso de la gestión de estos fondos, que bien aprovechados hubieran favorecido una situación económica radicalmente diferente de la triste realidad que sufrimos muchos estados europeos hoy.
Independientemente de las incertidumbres técnicas de cada caso, en términos generales la corrupción, la incompetencia, el amiguismo, el tráfico de influencias, la opacidad, la falta de capacidad y de profesionalidad explican la gran mayoría de estos fracasos, de los que raramente se deducen responsabilidades específicas. En términos particulares la mayor responsabilidad recae, sin duda, en las autoridades europeas responsables de la supervisión y el seguimiento de estos proyectos, que escudadas en el dudoso principio de subsidariedad han sido incapaces de garantizar hasta la fecha un retorno satisfactorio de estos programas de inversión.
Es importante recordar que todas y cada una de las meticulosas provisiones de estas convocatorias, todos los controles y requisitos de colaboración, todos los informes y análisis que el estatalismo y la burocracia europea imponen para la fiscalización de estas iniciativas, se han demostrado perfectamente incapaces de evitar el expolio que ha tenido lugar continuadamente durante todos estos años, y que ha resultado, entre otros factores, en una de las peores recesiones que nos ha tocado vivir, y de la que todavía nos estamos intentando recuperar. En términos de jerga política actual, estas convocatorias han asegurado la sostenibilidad de un fiasco prolongado.
No son días cualesquiera para el proyecto europeo. Del éxito o fracaso de estos programas depende, en gran medida, su propia supervivencia. La Unión Europea debe demostrar su capacidad para impulsar exitosamente iniciativas que favorezcan la generación de riqueza, el empleo, la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de sus ciudadanos. Y eso, en Portugal y en muchos otros estados miembros, queda todavía por demostrar.